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El pacto de corruptos quiere ganar la partida

El actual sistema de corrupción e impunidad se sostendrá sólo si logran colocar a uno de los suyos al frente de la institución idónea. Ricardo Marroquín escribe cómo el Pacto de Corruptos intenta ganar con la carta más pesada, la elección de Fiscal General.

Uno a uno, de manera sistemática, los golpes fueron duros, directos y efectivos. Pocas dudas quedan, porque la evidencia así lo confirma, que los grupos criminales que han adquirido la forma de partidos políticos y élites empresariales van ganando la partida. Con ello, las posibilidades de reconfigurar al Estado de Guatemala para alejarlo de su forma cooptada y diseñada para favorecer la corrupción y la impunidad se nos va de las manos.

La develación de los más graves casos de corrupción a partir de 2015, gracias al efectivo trabajo de la CICIG y del MP, asustaron hasta el terror a quienes ocupan los principales puestos de poder político y económico. Ellos, que han amasado fortunas al desviar fondos públicos y convertir las necesidades del Estado en negocios propios, se dieron cuenta que existía la posibilidad real de contemplar el derrumbe del sistema que les permite desangrar a la sociedad guatemalteca para satisfacer sus necesidades mezquinas.

Se valen de la sustracción del erario, del cobro de comisiones para la concreción de contratos con entidades privadas y del pago sobrevalorado de obras inexistentes o de otras mal hechas para hacer más abultados sus bolsillos. Los datos del caso Odebrecth en Guatemala es la última muestra de lo grotesco que resultan. Según el MP y la CICIG, Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones cuando se concretó el préstamo y el acuerdo con la empresa brasileña, obtuvo como comisión el 7.5% de los US$300 millones del contrato; parte de los US$19 millones que recibió  lo compartió, entre otros, con el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Dinero mal habido requiere, para su justificación y existencia, una institucionalidad anómala y permisiva. Además, el discurso que justifica sus acciones lo difunden a través de una agenda mediática favorable en los canales de televisión abierta y en otros medios de comunicación privados. A ello se suman analistas, columnistas y activistas de redes sociales que se han encargado de demeritar las investigaciones penales por casos de corrupción y desvirtuar la atención.

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